Ecuador: la xenofobia y los discursos de odio no pueden ser la respuesta a la situación de personas migrantes y refugiadas venezolanas
El trabajo de las fuerzas de seguridad pública debe realizarse sin distinción a la nacionalidad o estatus legal de las personas. No se pueden generar respuestas que alenten a los discursos de odio.
Publicación: 21.Enero.2019

Washington, D.C.  y Quito, 21 de enero, 2019.-  Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Misión Scalabriniana del Ecuador, condenamos la decisión del poder ejecutivo ecuatoriano de crear un cuerpo de brigadas para controlar la situación de personas migrantes y refugiadas venezolanas.

La iniciativa surge del deplorable y trágico asesinato de Diana Carolina, una joven embarazada de 22 años, ocurrido en Ibarra en el norte de Ecuador. No hay duda alguna que este crimen deberá ser debidamente investigado y su perpetrador castigado. Sin embargo, señalamos que la muerte de esta joven constituye un acto aislado, realizado por un individuo de origen venezolano. No representa al conjunto de las personas venezolanas que radican y llegan al Ecuador en búsqueda de protección internacional. 

Desafortunadamente, a escasas horas de la decisión, centenares de personas venezolanas en las calles y en línea fueron acosadas verbalmente. Reiteramos nuevamente que las respuestas que se den en el nombre de la “seguridad pública” no pueden usar a las personas migrantes y refugiadas como chivos expiatorios y  alentar a la xenofobia. Más allá del acoso callejero, la decisión continúa surtiendo efectos: posteriormente se anunció que toda persona venezolana deberá presentar su pasado judicial apostillado y la realización de un registro para entender quienes se encuentra dentro del territorio ecuatoriano.

Por ello, solicitamos que el poder ejecutivo y la justicia ecuatoriana no tomen medidas cuestionables en el nombre de la seguridad pública, ya que las mismas pueden alentar discursos u otras actuaciones de odio en contra de la población venezolana que actualmente radica en el país o que se encuentre en ruta al Ecuador,  en búsqueda acceso a derechos fundamentales y una vida libre de violencia y persecución.   En ese sentido, nos sumamos a las demandas de la sociedad civil ecuatoriana que exigen mesura y coherencia por parte del gobierno ecuatoriano en sus respuestas a la situación de la población migrante y refugiada. Las mismas deben derivar de un enfoque en derechos humanos.

Asimismo, hacemos un llamado a que las brigadas que se lleguen a desplegar por las calles de Ecuador, realicen su trabajo de mantener el orden público y la seguridad ciudadana, con mayor atención a la situación de las mujeres y  sin distinción a la nacionalidad o la condición del estatus legal de las personas.

Por otra parte, en la medida que se desarrollen procesos de judicialización en contra de quienes incitaron o realizaron ataques en contra de personas venezolanas en Ibarra, estaremos realizando un proceso de monitoreo con la expectativa de que los y las personas sean debidamente sancionadas.

Finalmente, el continente se encuentra atravesando un momento en donde se  deberían buscar soluciones duraderas y conjuntas a los ascendientes flujos de personas forzadas a migrar y solicitar asilo. Las decisiones que fomenten la xenofobia y aticen el odio mediante la exigencia de documentos para ingresar a un país y el cierre de fronteras no darán una respuesta a lo que es una crisis regional. 

Como grupo perteneciente al  Grupo de Movilidad Humana Venezolana, recordamos que desde nuestro  Plan de Acción de Sociedad Civil sobre Personas Provenientes de Venezuela que Requieren Protección Nacional e Internacional , se establece una hoja de ruta para responder de manera coordinada a esta situación. La misma insta que es deber de todos y todas establecer respuestas que no partan desde el temor y los prejuicios.