Vereda la Esperanza
Caso que examinará los beneficios jurídicos y los procesos de esclarecimiento de la verdad enmarcados por la Ley Justicia y Paz
Colombia

Entre el 21 junio y el 27 diciembre de 1996, el grupo paramilitar denominado las Autodefensas del Magdalena Medio (AMM), apoyado por oficiales de las Fuerzas Armadas colombianas, incursionaron en la Vereda la Esperanza del municipio El Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia en Colombia y llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales y la desaparición  forzada de 12 personas campesinas, con el argumento de ser colaboradoras de grupos guerrilleros que operaban en la zona. 

A pesar de múltiples denuncias, incluidas las que provocaron la muerte del personero del Carmen de Viboral, Helí Gómez Osorio; la obtención por justicia, verdad y reparación no avanzó en la justicia colombiana. Por ello,  el 1 de julio de 1999,  la Corporación Jurídica Libertad presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). CEJIL se sumó a la defensa de las víctimas ante la CIDH en el 2010  y, el 13 de diciembre de 2014, la CIDH lo elevó a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La Corte IDH determinó en agosto de 2017, que el Estado Colombiano es responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad física, y a la libertad personal en prejuicio de las víctimas y ordenó medidas de reparación, así como el inicio de los procesos de investigación y judiciales para determinar los hechos y responsabilidades correspondientes. 

El caso de Vereda ocurre en el contexto del conflicto armado de Colombia y ejemplifica como los grupos paramilitares ejercieron una práctica sistemática y generalizada de violaciones a los derechos humanos, en participación y tolerancia de las fuerzas militares colombianas. En particular, la tragedia de la Vereda se desarrolló con el conocimiento y la colaboración de miembros de la “Fuerza Tarea Águila”, pelotón del Ejército colombiano, quienes habían militarizado la zona para suprimir las actividades de grupos guerrilleros, para ello se habían asentado en una base militar conocida como La Piñuela, situada a escasos kilómetros de la vereda.

En 2005 con la Ley de Justicia y Paz (975), que permitió una penalización alternativa a miembros de grupos paramilitares que se hubiesen acogido a los procesos de desmovilización, se establecieron penas alternativas entre 5 a 8 años, para quienes acuden al proceso y contribuyen a esclarecer los hechos.

En cuanto al jefe paramilitar Isaza Arango, un juez especializado de Medellín ordenó su libertad en febrero del 2016 al considerar que ya cumplió la pena alternativa de ocho años de prisión establecida en la ley de Justicia y Paz. 

Veinte años después de los hechos, se desconoce el paradero definitivo de las víctimas de desaparición forzada y tampoco se ha avanzado en la investigación de la ejecución extrajudicial que tuvo lugar bajo el mismo contexto de violencia, aunado a la circunstancia de que no se avanza en el esclarecimiento de la actuación conjunta de la Fuerza Pública en los hechos. 

El Estado sigue sin reconocer públicamente su responsabilidad y no ha existido avance en la investigación, en donde existen múltiples irregularidades y omisiones tanto en la justicia ordinaria como en la jurisdicción de justicia y paz. A la fecha, no existe condena alguna a nivel interno y las investigaciones que se siguen actualmente no contemplan todas las responsabilidades tanto de actores estatales como de actores no estatales. 

En 2019, el Estado colombiano fue citado ante la Corte IDH para rendir cuentas por el incumplimiento de diversas sentencias en las que ha sido condenado ante la justicia internacional por importantes violaciones de los DD.HH. entre estas el caso de la Vereda la Esperanza. 

Las víctimas y sus familiares no han sido reparadas integralmente conforme a los estándares de reparación consistentemente aplicados por la Corte Interamericana y siguen en la búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición. 

Impacto del caso: 

  • Se otorga responsabilidad internacional al Estado de Colombia por las desapariciones forzadas de las personas campesinas de la vereda La Esperanza. 
  • Esta sentencia pone en evidencia la participación activa de las fuerzas armadas colombianas en la desaparición forzada de campesinos, así como sus vínculos con el paramilitarismo.

Fecha de actualización: 30 enero 2020